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martes 24 de noviembre de 2020

CCOO reprocha al Gobierno la falta de voluntad negociadora en la modernización de la administración pública y la puesta en marcha del Plan de Recuperación

  • Detectamos graves deficiencias en el borrador del Real Decreto Ley, fundamentalmente en todo lo concerniente a la afectación en materia de personal y ausencia de negociación.

Concentración #SOSrecortes

Concentración #SOSrecortes

FSC-CCOO ha tenido acceso al borrador de Real Decreto Ley sobre medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez más hemos tenido que enterarnos por los medios de comunicación de las intenciones del Gobierno respecto al plan de modernización de la administración, en el que no hay una referencia expresa a la recuperación de empleo público ni a la negociación.

El proyecto de Real Decreto Ley presenta toda una batería de medidas para tratar de agilizar y simplificar la gestión de los fondos europeos. Para ello plantea la modificación o adaptación de la normativa relativa a nuevas formas de colaboración público-privada, control presupuestario, contratos del sector público, subvenciones, evaluación medioambiental, etc., en todos los casos con una simplificación de los procedimientos y una agilización de plazos.

En el origen de estas modificaciones está el problema que, tradicionalmente, España ha tenido para poder gestionar los fondos europeos (es de los países con menor grado de ejecución, y donde ésta es más tardía) y la necesidad imperiosa de que estos dos factores (incapacidad de gestión y lentitud) se corrijan con los fondos extraordinarios acordados para afrontar la actual grave situación desde la Unión Europea.

Más allá del análisis de las modificaciones concretas en estos aspectos, que realizaremos con más detenimiento, queremos resaltar tres aspectos generales de preocupación:

Somos conscientes de que buena parte del despliegue de las políticas estratégicas que deben instrumentarse con la ayuda de los fondos europeos requieren de la colaboración público-privada: pero eso no puede ser excusa para que, aprovechando la clara infradotación de medios del conjunto del sector público (lastrado por años de austeridad y de políticas neoliberales de debilitamiento de lo público), se usen para un nuevo empujón a la privatización de los servicios públicos, que ya veníamos denunciando y de cuyas trágicas consecuencias hemos tenido ejemplos suficientes durante la pandemia.
Echamos en falta una apuesta decidida por establecer mecanismos que permitan la participación directa de las comunidades autónomas y administraciones locales en la gestión directa de los fondos, como administraciones más próximas a la ciudadanía, y mostramos nuestra preocupación por la ausencia de medidas que permitan facilitar esta participación y la colaboración entre administraciones (impulso a los consorcios, etc.).
La participación de los agentes sociales no puede limitarse a un foro general de seguimiento. Debe garantizarse su participación en todos los foros y ámbitos sectoriales de seguimiento de cada uno de los planes o líneas estratégicas.

No obstante, la mayor preocupación que nos genera el proyecto de RDL es que obvia el problema de fondo que tienen el conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente en materia de empleo y por tanto la falta de medidas concretas para afrontar este reto.

El conjunto de las administraciones públicas -y la Administración General del Estado, destinataria primera de este borrador de RDL, especialmente- presentan en la actualidad serias carencias derivadas de años de austericidio y de falta de inversión: faltan recursos humanos, falta inversión tecnológica y en innovación, falta formación. De poco sirve apostar por un funcionamiento más ágil y eficiente, por el que desde el sindicato apostamos, si no se dota de los medios suficientes.

El borrador de RDL apuesta, aparentemente, por reforzar solo las unidades directamente vinculadas con la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, pero sacándolas del resto de unidades de la administración, ya muy debilitadas, para las que no se plantea refuerzo alguno. Dicha estrategia puede colapsar aún más el funcionamiento de muchos servicios públicos e impedir, de facto, la pretendida agilización que se busca. Además, de nada sirven las buenas intenciones que se manifiestan en el borrador si, en paralelo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se mantienen las limitaciones al reforzamiento del empleo público y ni siquiera se han contemplado las necesidades derivadas de la gestión de dichos fondos.

Y lo que resulta de todo punto intolerable es que, para llevar a cabo esa adaptación de la administración, en este caso de la Administración General del Estado, se hurte de manera absoluta la negociación colectiva consagrada en la Constitución y en nuestras leyes, los derechos consolidados de las empleadas y empleados públicos, y se opte por medidas unilaterales, discrecionales y que rompen los marcos existentes sin negociación alguna, estableciendo una suerte de estado de excepción en materia de provisión de puestos, movilidad, promoción o retribuciones.

En este sentido. introduce de manera unilateral cambios o desarrollos normativos en materia de movilidad, flexibilidad, cambio de jornada, reordenación de efectivos, redistribución, reasignación de efectivos (cambio de puesto por supresión) o atribuciones temporales de funciones distintas a la ordinaria, entre otras.

Desde FSC-CCOO, somos conscientes del reto que, como Estado, enfrentamos, y estamos en disposición de negociar y acordar, en el espacio más breve de tiempo posible, las medidas para afrontarlo con garantías. Pero ello exige negociación previa y respeto a los marcos de derechos y garantías de los que nos hemos dotado. Si el Gobierno, de manera unilateral, sigue optando, como se hace con este proyecto de RDL, por la utilización solo de mecanismos arbitrarios, unilaterales y excepcionales, el sindicato actuará con la máxima firmeza y contundencia frente a lo que sería una grave agresión a los derechos de las empleadas y empleados públicos.

Compromiso con un proyecto de país, sí, pero en un marco de cogobierno con los sindicatos.

CCOO reprocha al Gobierno la falta de voluntad negociadora en la modernización de la administración pública y la puesta en marcha del Plan de Recuperación

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